YPF: El costo de ignorar las reglas

 

La condena judicial contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012 no es solo un fallo adverso en tribunales extranjeros. Es el reflejo de una política pública ejecutada sin previsión legal, que hoy amenaza con convertirse en el litigio más costoso de la historia nacional. El caso, impulsado por el fondo Burford Capital tras adquirir los derechos de demanda del Grupo Petersen, expone una tensión estructural entre soberanía estatal y reglas de mercado que Argentina aún no ha resuelto.

En 2012, el Estado argentino decidió recuperar el control de YPF, entonces en manos de Repsol, bajo el argumento de interés público y estratégico. Sin embargo, omitió cumplir con el estatuto de la empresa, que exigía una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios en caso de cambio de control. Esta omisión, lejos de ser un tecnicismo, fue una violación contractual que abrió la puerta a una demanda internacional en Nueva York. La frase del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof —“tarados son los que piensan que hay que comprar todo según la ley”— sintetiza el desprecio institucional por las normas que hoy se pagan con intereses millonarios.

El fallo de la jueza Loretta Preska, que condena a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones y entregar el 51% de las acciones Clase D de YPF, tiene implicancias profundas. En lo político, pone en jaque la capacidad del Estado para ejercer soberanía energética sin vulnerar compromisos legales. En lo económico, representa una carga fiscal equivalente al 3% del PBI, con intereses diarios que superan los USD 2 millones. La caída de bonos, el desplome de acciones de YPF y el aumento del riesgo país son síntomas de una economía que no puede permitirse errores de esta magnitud.

La posibilidad de que YPF afronte el pago con sus propias utilidades es, en términos prácticos, inviable. En el primer semestre de 2025, la empresa reportó ganancias netas por apenas USD 48 millones, una caída del 96% respecto al mismo período del año anterior. Si este ritmo se mantuviera, YPF necesitaría más de 160 años para generar los fondos necesarios. Incluso en escenarios optimistas, con utilidades anuales cercanas a los USD 2.000 millones, el plazo de pago superaría los ocho años, sin considerar reinversiones, inflación ni compromisos operativos. Además, el flujo de caja libre fue negativo y la deuda neta supera los USD 8.000 millones, lo que limita aún más su capacidad de respuesta.

Comparado con otros litigios internacionales —como el caso de los holdouts en 2016 o las demandas ante el CIADI por contratos energéticos— el conflicto YPF es singular. No se trata de deuda impaga, sino de una decisión política interna que fue judicializada en el exterior. Es el costo de ignorar que, en el siglo XXI, la soberanía no se ejerce en el vacío: se negocia, se respalda jurídicamente y se defiende con inteligencia institucional.

La apelación en curso ante la Corte del Segundo Circuito ofrece una oportunidad, pero no una solución estructural. Argentina necesita revisar sus marcos legales, blindar sus decisiones estratégicas y evitar que el voluntarismo político se convierta en pasivo judicial. La planificación energética, la credibilidad financiera y la estabilidad institucional dependen de ello.

El caso YPF debe ser una lección. No basta con tener razón política si se actúa con negligencia jurídica. La soberanía, para ser efectiva, debe ser también inteligente.